• El Supremo cambia de criterio y establece que el impuesto de las hipotecas lo deben pagar los bancos

    El Supremo cambia de criterio y establece que el impuesto de las hipotecas lo deben pagar los bancos

    19 de Octubre de 2018

    El Tribunal Supremo ha cambiado de criterio y ha establecido que quien debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas es el banco y no el cliente. Además de aclarar lo que sucederá en futuras hipotecas, la decisión abre la puerta a que los usuarios reclamen a las entidades financieras la devolución de lo que pagaron en su día por este impuesto.

    "El sujeto pasivo en el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentos cuando el documento sujeto es una escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria es el acreedor hipotecario, no el prestatario", afirma la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que modifica así su reiterada jurisprudencia anterior. Su nueva interpretación de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de su reglamento conduce a que quien solicita la hipoteca no sea ya el responsable legal de abonar este último impuesto, sino la entidad financiera que otorga el préstamo.

    Este tributo supone el principal coste de constitución de una hipoteca. El tipo de gravamen aplicable varía en cada comunidad autónoma, pero en términos generales oscila entre el 0,5% y el 1,5% del importe de la hipoteca. Para una escritura de 150.000 euros, oscila entre los 750 y los 2.250 euros, cantidad que ahora ya no tiene que afrontar directamente el cliente.

    El motivo de la decisión es que el único interesado en que la hipoteca conste en una escritura pública y se inscriba en el registro es la entidad financiera, ya que con ello se asegura la recuperación de la cantidad prestada en caso de impago. Eso implica que, conforme a la ley del impuesto, deba ser la entidad la que lo pague. En consecuencia, los magistrados anulan el artículo del reglamento del impuesto que establecía expresamente lo contrario: que era el cliente quien debía abonar el impuesto. El Supremo considera que ese artículo es contrario a la ley que desarrollaba.

    "El artículo 68.2 del reglamento, por tanto, no tiene el carácter interpretativo o aclaratorio que le otorga la jurisprudencia que ahora modificamos, sino que constituye un evidente exceso reglamentario que hace ilegal la previsión contenida en el mismo, ilegalidad que debemos declarar en la presente sentencia", afirma la Sala.

    La sentencia de la Sección Segunda, fechada el martes y de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, cuenta con un voto particular discrepante (la Sección la componen seis magistrados), emitido por el magistrado Dimitry Berberoff, que postula el mantenimiento de la jurisprudencia anterior. Hay también un voto concurrente, del magistrado Nicolás Maurandi, que está de acuerdo en la decisión final aunque empleando otros razonamientos.

    La decisión de la Sala de lo Contencioso tendrá previsiblemente repercusión en las decisiones futuras de la Sala Civil, a la que también compete la materia. En una resolución de este mismo año, la Sala Civil había concluido que las entidades debían pagar, o al menos compartir, los diversos gastos de formalización de las hipotecas. Pero había aclarado expresamente que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados le correspondía sólo al cliente. Lo hizo apoyándose fundamentalmente en la doctrina de sus compañeros de la Sala de lo contencioso y en la clarísima redacción del reglamento. Ahora esa doctrina ha cambiado y el reglamento ha quedado anulado.

    Las asociaciones de usuarios, las entidades financieras y juristas diversos discrepan sobre qué va a suceder ahora. Una posibilidad es que se ciña todo al ámbito tributario y que sea la jurisdicción contencioso administrativa la que resuelva los casos. Es la opción que plantean los bancos, ya que limitaría las reclamaciones a las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años.

    Pero lo que defienden las asociaciones de usuarios como Adicae es que el asunto debe ir por la vía civil, la competente para revisar los contratos. Si, como prevén, esta Sala se alinea con lo resuelto este jueves por sus compañeros de lo Contencioso se abriría la puerta a reclamar por las hipotecas de los últimos 10 años o incluso más tiempo.

  • Los transportistas reclaman 2.500 millones al cártel de camiones

    Los transportistas reclaman 2.500 millones al cártel de camiones

    25 de Octubre de 2017

    Los 150.000 transportistas españoles que adquirieron los vehículos pueden ya demandar que se les compense por el sobreprecio que pagaron a causa del pacto de precios de cinco fabricantes.

    finales de marzo, como muy tarde, se conocerán los fundamentos jurídicos y económicos que sustentan la multa por cártel a cinco fabricantes europeos de camiones impuesta por la Comisión Europea el pasado mes de julio.

    Con este informe en la mano, los transportistas comenzarán a presentar sus reclamaciones por el sobrecoste que tuvieron que pagar por sus camiones medios y pesados, de más de seis toneladas, a causa de este pacto de precios.

    Los departamentos jurídicos ligados a este proceso estiman que las reclamaciones españolas podrían alcanzar cerca de 2.500 millones de euros solo por el sobreprecio, sin sumar los intereses de demora derivados, que podría elevar estas cantidades.

    La Comisión Europea impuso a finales de julio de 2016 una multa de 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault y MAN. Durante 14 años, entre 1997 y 2011, las empresas crearon un cártel en el que acordaron aumentos de precios de sus productos y establecieron acuerdos para retrasar la introducción de las tecnologías anticontaminación para cumplir con las normativas europeas. Determinaron, de forma ilícita, los tiempos para la introducción de estas tecnologías y acordaron repercutir estos incrementos de gasto sobre los clientes.

    Un estudio del bufete de abogados Martínez Almeida entiende que, según los datos del Ministerio de Fomento y las matriculaciones, los afectados en España ascenderían a unos 150.000 transportistas y empresas que han comprado alrededor de 200.000 camiones en esos 14 años de vigencia del cártel.

    Tal y como explican desde el bufete, “los afectados por el comportamiento distorsivo de la competencia son todos aquellos que adquirieron, también por medio de leasing, camiones nuevos o de segunda mano de entre 6 y 16 toneladas, matriculados entre 1997 y 2011, con probable extensión hasta 2013”. Los abogados apuntan a que “según la doctrina económica, después del fin de un cártel los precios no vuelven de inmediato a un nivel competitivo, sino que tardan alrededor de dos años”.

    Cuantía económica

    La fijación de cuánto puede reclamar cada transportista “no es lineal ni automática”, afirman desde Martínez Almeida. Depende de lo que cada transportista pagó por su vehículo afectado. En principio, el despacho estima un sobrecoste de entre el 10% y el 20% sobre el precio del camión por el cártel. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) colocan este alza en un 10%.

    La demanda se puede presentar ya aunque, como estiman tanto Martínez Almeida como Fenadismer, es preferible “esperar a conocer el contenido íntegro de la resolución”. “A partir de que se conozcan estos fundamentos, lo más aconsejable es preparar un informe pericial que determine las cantidades a indemnizar en cuestión en función de las circunstancias de cada caso”, apuntan los abogados.

    La patronal ha creado una plataforma de afectados por el cártel de camiones para reunir a estos transportistas de cara a presentar una demanda colectiva contra los fabricantes de camiones afectados. “Estudiaremos primero la vía extrajudicial y la posibilidad de llegar a un acuerdo para cada fabricante y, en caso de que esta vía no sea posible, presentaremos la demanda”, señala Juan José Gil, secretario general de Fenadismer.

    Gil es partidario de presentar una colectiva “por abaratamiento de los costes de la tasación de daños”. Han agrupado ya a 1.500 afectados y esperan continuar ampliando. Por su parte, desde el despacho de abogados se decantan más por las demandas individuales, pero sin intentar un acuerdo previo “por la situación de desequilibrio” entre las partes.

    Noticia 

  • Accionistas afectados del Banco Popular

    Accionistas afectados del Banco Popular

    16 de Junio de 2017


    La crisis del Popular no ha acabado: los accionistas preparan una oleada de demandas y acciones judiciales.

    Preocupación entre los accionistas y los clientes de Banco Popular.

    El Santander compra por un euro el Banco Popular al borde de la quiebra
    Banco Popular, el primer banco intervenido por las autoridades europeas.
    Cuando los 305.152 accionistas de Banco Popular despertaron ayer miércoles, la entidad ya no estaba allí. Ellos son los principales perjudicados de la compra por parte del Santander, ya que esta operación supone la pérdida de todos sus ahorros e inversiones. Sus títulos no valen nada tras ejecutarse la adquisición por parte de la compañía que preside Ana Patricia Botín y la única opción que tienen ahora es litigar con los nuevos responsables del banco para tratar de recuperar parte de su dinero, de ahí que se avecine una oleada de demandas que recaerán ahora sobre el nuevo propietario. La crisis del Popular está lejos de terminar. La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ya ha anunciado que estudia acciones judiciales "para defender a los minoritarios" y varios despachos de abogados han comenzado a recibir consultas sobre la viabilidad de sus reclamaciones. La compra de Popular se conocía a primera hora de la mañana e inmediatamente la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendía la cotización del valor, que ya no volverá a formar parte del Ibex. En ese momento se consumaba la debacle para los accionistas. Ellos habían soportado ya los efectos de la sangría bursátil de la última semana que rebajó la capitalización de la compañía hasta los 1.300 millones de euros y el precio de la acción hasta los 0,317 euros. La devaluación provocó la huida masiva de inversores, entre ellos la del fondo BlackRock, que rebajó su presencia en la entidad del 4,09% al 1,77%. La CNMV ha seguido de cerca el recorrido del valor y "no descarta iniciar actuaciones adicionales" para analizar las condiciones que se han dado en este tiempo. "Hasta el momento" no se ha detectado nada que haya hecho saltar las alarmas, declaró ayer a este diario. La intervención de la Junta Única de Resolución (JUR) supuso reducir a cero el capital social del banco, lo que provocó la extinción de todas sus acciones admitidas a negociación en Bolsa, pero los minoritarios no son los únicos perjudicados. También tendrán que encajar la maniobra los titulares de bonos convertibles contingentes (los llamados CoCos) y los de deuda senior, que confiaron en la solidez de la que presumía el banco. «Cuando el consejo de administración emitió el año pasado acciones con un valor de 2,5 euros, realmente estaba emitiendo títulos sin valor. Además, colocó deuda sabiendo de antemano que los inversores tenían muchas posibilidades de perder todo su dinero», apuntó ayer el despacho de abogados Roca&Asociados. Desde el bufete aseguran que el Santander tendrá que asumir las consecuencias de las operaciones que Popular llevó a cabo para consolidar sus fondos propios. El banco podría recibir querellas por posible estafa de parte de accionistas que acudieron hace ahora un año a la última ampliación de capital. "Muchos recurrieron a un préstamo concedido por el propio banco, algo expresamente prohibido por la ley", explica el socio fundador del despacho, Rafael Roca. "Algunos no sólo han perdido el 90% de la inversión, sino que deben al propio banco el dinero del préstamo con el que la hicieron". Las tres ampliaciones de capital realizadas por Banco Popular hasta su venta están ahora en el foco. "Les vendieron un producto que no existía", comentaron ayer desde el despacho Navas y Cusí a Efe. "Les dijeron que eran necesarias provisiones de 4.700 millones y finalmente fueron 5.700, nada menos que 1.000 millones adicionales", agregaron. Entre los afectados también se encuentran la Sindicatura de Accionistas, que engloba a varios accionistas y poseía el 9,59% de la compañía; el grupo de accionistas mexicanos encabezados por Antonio del Valle (4,13%), Crédit Mutuel (3,95%) y el Grupo Allianz (3,49%) que han visto sus participaciones reducidas a cero.

  • Real decreto cláusula suelo

    Real decreto cláusula suelo

    7 de Marzo de 2017

    Pasos para reclamar el dinero por la cláusula suelo con el nuevo decreto.

    Según el texto definitivo que aprobó el Gobierno el viernes, todo el proceso se hará en un plazo máximo de tres meses.

    Una concentración de la plataforma de afectados por las cláusulas suelo.

    El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Real Decreto de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas que establece un procedimiento extrajudicial para resolver de forma "rápida y gratuita" las reclamaciones de los consumidores derivadas de las últimas sentencias judiciales.


    ¿Dónde y cuándo ir a reclamar las cláusulas suelo?


    La banca devolverá entre 2.000 y 3.000 millones por las cláusulas suelo, según su patronal

    La banca podrá negarse a devolver la cláusula suelo si cree que no es opaca

    Cláusulas suelo: así tributarán las devoluciones de los bancos

    Guindos recuerda que la vía judicial para las cláusulas suelo seguirá abierta

    ¿Qué son las cláusulas suelo y cómo te afecta la sentencia de Europa?


    El consumidor puede dirigir una reclamación a su banco desde este lunes. "Una vez recibida, la entidad deberá remitir al consumidor el cálculo de la cantidad a devolver, incluyendo los intereses o, alternativamente, las razones por las que considera que la reclamación no es procedente. Tras recibir la comunicación, el consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo y, si lo está, la entidad realizará la devolución del efectivo. Todo el proceso se hará en un plazo máximo de tres meses".


    Si mi hipoteca tenía cláusula pero está amortizada, ¿puedo reclamar?

    Sí. El Gobierno afirma que con el decreto ley se permite reclamar a los clientes con cláusulas suelo abusivas aunque su hipoteca estuviera ya completamente pagada. "El plazo de prescripción que se aplica es que marca el código civil para este tipo de acciones, que está situado en 15 años, aunque se debe consultar los casos", según fuentes del Ministerio de Economía.


    Si me han pagado desde mayo de 2013, ¿puedo reclamar desde 2009?

    Sí, pero el Gobierno admite que será la entidad la que decida si devuelve lo cobrado o no. Es posible que dependa de lo que establezca el nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo, que se puede producir en semanas.


    El banco me avisa de que tengo cláusula. ¿Significa que me la va a devolver?

    No. El Gobierno obliga a todas las entidades a "garantizar que este sistema es conocido por todos los consumidores con cláusulas suelo en sus contratos". Sin embargo, también aclara que solo hará el cálculo de la cantidad a devolver a los que considere que debe hacerlo. A los demás, les informará de que tienen cláusula y añadirá "las razones por las que considera que la reclamación no es procedente".


    Si el banco no me va a devolver el dinero, ¿debe hacerme el cálculo de cuánto me han cobrado con la cláusula?

    No. Según la última redacción del decreto ley, si el banco no va a devolver el dinero, no está obligado a hacer el cálculo de lo cobrado con la cláusula suelo. Solo tiene que explicar al cliente por qué cree que su cláusula no es opaca.


    ¿Siempre debe pagar el banco en efectivo?

    La primera oferta debe ser en efectivo, pero el consumidor y la entidad pueden acordar medidas compensatorias distintas como, por ejemplo, la novación de las condiciones de la hipoteca. En este caso, la aceptación por parte del cliente será manuscrita, tras haber sido debidamente informado del valor económico de la medida alternativa.


    ¿Qué consecuencias tiene iniciar la reclamación con el banco?


    Según el decreto, "el consumidor puede decidir ir a la vía judicial directamente pero una vez iniciado el procedimiento extrajudicial y hasta que se haya resuelto este, las partes no podrán ejercitar entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial alternativa en relación con la misma reclamación". Es decir, se puede paralizar el procedimiento judicial hasta final de mayo como máximo.


    ¿Es gratis el trámite con el banco?

    El procedimiento de reclamación extrajudicial es gratuito. Se prevé además una reducción sustancial de los aranceles notariales y registrales derivados de las novaciones de contratos que puedan resultar de la adopción de medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo.


    ¿Qué pasa si he demandado al banco y ahora quiero negociar con él?


    También se establece la posibilidad de que, en las demandas judiciales que ya están en curso a la entrada en vigor de esta norma, las partes, de común acuerdo, puedan solicitar la suspensión de estas para someterse al trámite extrajudicial.


    ¿Se puede ir a juicio después de negociar con el banco?

    Sí, aunque hay que esperar a que concluya el proceso. "En el caso de las costas judiciales, se establecen en el real decreto ley mecanismos que incentivan que la entidad resuelva de forma adecuada y de buena fe. Si el consumidor demanda a la entidad tras no llegar a un acuerdo en la reclamación extrajudicial y la sentencia que obtiene es económicamente más favorable para él, la entidad será condenada en costas". Por otro lado, si el consumidor acude a la vía judicial directamente sin usar la reclamación previa y la entidad se allana totalmente antes del trámite de contestación a la demanda, la entidad no será condenada en costas.


    ¿Puedo pagar costas si voy a juicio?


    Sí. Fuentes de Economía admitieron que si un cliente demanda a la entidad y el juez le concede una cantidad menor a la ofrecida por el banco, puede ver mala fe en el procedimiento y podría ser condenado a costas judiciales.


    ¿Se pagarán impuestos tras recibir el dinero reclamado?

    No está claro del todo. Por ahora, el Gobierno ha dicho que para adaptar el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas, "se reformará la Ley del IRPF para que, en el caso de devolución de cantidades indebidamente cobradas por cláusulas suelo, ya sea en aplicación del acuerdo prejudicial, derivada de cualquier acuerdo con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales, se garantice la neutralidad fiscal para el consumidor". El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha aclarado que la devolución de los importes no se incorporará a la base del IRPF y tampoco los intereses de demora que banca y clientes pudieran pactar.


    ¿Cuándo hay que ponerse al día con Hacienda?


    Fuentes de Hacienda han explicado a Efe que quienes reciban la devolución de las cláusulas antes de junio de este año deberán presentar la autoliquidación en ese mes, mientras que quienes lo hagan a partir de julio tendrán que regularizar su situación antes de junio de 2018.


    ¿Alguien controlará que no haya abusos en el proceso?

    El Gobierno ha establecido la creación de un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas en el ámbito de aplicación de este real decreto ley. En este órgano estarán presentes consumidores y abogados y emitirá un informe semestral. "Este órgano velará por que las entidades cumplan sus obligaciones de información, sobre todo con respecto a personas vulnerables", dice el Ejecutivo.

  • Ultima hora clausula suelo II

    Ultima hora clausula suelo II

    14 de Julio de 2016

    13/07/2016 10:52

    El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cree quelos bancos españoles no deben devolver el equivalente a miles de millones de euros a los clientes a los que cobró de más en concepto de cláusulas sueloirregulares.

    El Tribunal Supremo español sentenció hace tres años que las entidades afectadas deberían devolver el dinero cobrado de más por esas cláusulas, pero únicamente a partir del 9 de mayo de 2013. ¿Por qué esa fecha? Porque el Alto Tribunal temía que si las entidades tuviesen que reintegrar la totalidad de lo cobrado, la viabilidad del entonces recién rescatado sistema financiero podría ponerse en cuestión.

    Clientes de Cajamar, BBVA y Abanca (antes NovacaixaGalicia) recurrieron y el caso ha llegado a la Justicia Europea. En sus conclusiones presentadas hoy, el abogado general Paolo Mengozzi señala "que la Directiva no tiene por objeto la armonización de las sanciones aplicables en caso de que se aprecie el carácter abusivo de una cláusula contractual y, por lo tanto, no exige a los Estados miembros que establezcan la nulidad retroactiva de tal cláusula".

    La Comisión Europea, en el documento técnico remitido el año pasado a la corte, con su opinión de parte, se pronunciaba a favor de la devolución total, pues consideraba que el cese en el uso de una "cláusula nula por abusiva como consecuencia de una acción individual ejercitada por un consumidor no es compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad".

    Para Bruselas era imposible "que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información".

    Mengozzi, en el escrito que ha leído hace unos minutos, sostiene que la Directiva comunitaria "no determina las condiciones en las que un órgano jurisdiccional nacional puede limitar los efectos de las resoluciones por las que se califica como abusiva una cláusula contractual. Por consiguiente, corresponde al ordenamiento jurídico interno precisar esas condiciones, siempre desde el respeto de los principios de equivalencia y de efectividad del Derecho de la Unión".

    La conclusión es clara. El abogado general propone al Tribunal de Justicia "que declare que la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, incluidas en los contratos de préstamo hipotecario en España, es compatible con la Directiva".

    El letrado respalda la argumentación del Supremo español, al considerar que el impacto sobre el conjunto de la economía de una retroactividad total de la devolución del importe de las cláusulas suelo es motivo para no permitirla. "Un órgano jurisdiccional supremo puede ponderar la protección de los consumidores con las repercusiones macroeconómicas asociadas a la amplitud con que se utilizaron las cláusulas suelo", explican desde Luxemburgo. En este contexto, el abogado considera que, "a título de excepción, las mencionadas repercusiones pueden justificar la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva, sin que se rompa el equilibrio en la relación existente entre el consumidor y el profesional".

    La opinión del abogado general no es vinculante, pero sí suele ser un buenindicador de la sentencia final del Tribunal, que se espera para dentro de unos meses, quizás incluso antes de finales de este año.

    En juego hay miles de millones de euros. Los abogados de las entidades usaron en la vista oral cálculos del Banco de España para situar el impacto en los balances en una cifra entre 5.000 y 7.000 millones de euros. El Banco no ha querido hacer público ese informe. Del total, sólo una pequeña parte está provisionada. Según Goldman Sachs, por ejemplo, Popular, Bankia BBVA y CaixaBank deberían provisionar 3.000 millones adicionales a los fondos que ya habían preparado si tuviesen que devolver el total de las cláusulas abusivas.

    La decisión tendrá efecto no sólo sobre los clientes de las tres entidades que han llegado hasta Luxemburgo, sino también podría sobre los 15.000 miembros de la macrodemanda gestionada por Adicae.

    El Mundo 


  • Última hora cláusula suelo III - Desenlace

    Última hora cláusula suelo III - Desenlace

    7 de Abril de 2016

    La justicia europea obliga a la banca a devolver todo lo cobrado por ‘cláusulas suelo’

    El Tribunal de la UE falla en contra del sistema financiero español, que debe retornar al menos 3.000 millones abonados por los hipotecados antes de 2013.

    Bruselas 21 DIC 2016 - 12:44 CET
    Formidable varapalo judicial a la banca. Las entidades financieras españolas deberán devolver íntegramente el dinero cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo en las hipotecas, que impiden que los clientes se beneficien de las rebajas de los tipos de interés. El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado hoy a favor de establecer una retroactividad total en la devolución de las cláusulas suelo. La factura para el sector financiero es tremenda, entre 3.000 y 5.000 millones de euros adicionales, y ha provocado un batacazo en Bolsa de los bancos más afectados. Apenas minutos después de la sentencia, las entidades sufrían ya fuertes caídas, de más del 6% en el caso del Banco Popular y el Sabadell.

    La banca llevaba meses en vilo, a la espera de saber si tenía que devolver el dinero de las cláusulas suelo desde 2013 (cuando una sentencia de Supremo las declaró ilegales) o desde más atrás, desde 2009. La diferencia es enorme: entre 3.000 o 5.000 millones, según diferentes cálculos de los especialistas. El Banco de España estima el sobrecoste en algo más de 4.000 millones; Analistas Financieros Internacionales cree que será algo más, unos 4.500 millones. Solo para las entidades cotizadas, devolver el dinero que estaba en juego les supone una factura de más de 2.000 millones de euros, según los cálculos de EL PAÍS.

    MÁS INFORMACIÓN
    La justicia europea obliga a la banca a devolver todo lo cobrado por ‘cláusulas suelo’ ¿Qué son las cláusulas suelo y cómo te afecta la sentencia de Europa?

    El caso viene de lejos. El 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas abusivas por "falta de transparencia", aunque limitó las devoluciones hasta esa fecha para evitar una sacudida en el sector apenas unos meses después del multimillonario rescate de la UE. 

    Varios juzgados acudieron al Tribunal de Justicia de la UE para preguntar si la retroactividad debía ser total: las cláusulas empezaron a activarse a partir de 2009, con la rebaja de índices hipotecarios como el euríbor, que algunos bancos nunca trasladaron a las hipotecas en virtud de la letra pequeña de los contratos. 

    El abogado general de la UE se pronunció en julio a favor de los bancos: apuntó que las devoluciones podían tener límites temporales por las "repercusiones macroeconómicas asociadas": por "circunstancias excepcionales", ante la posibilidad de alterar una vez más la estabilidad del sector financiero.

    La Corte de Luxemburgo echa por tierra esa argumentación. Y deja hoy claro que la banca debe devolver íntegramente el dinero (puedes leer aquí la sentencia completa), en lo que supone un revés formidable para el sector financiero.

  • Reconocimiento

    Reconocimiento

    16 de Marzo de 2016


    Reconocimiento del Consejo General de la Abogacía Española

  • Nuevo baremo accidentes de tráfico

    Nuevo baremo accidentes de tráfico

    16 de Marzo de 2016


    Nuevo baremo accidentes de tráfico

    Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.




  • FIANZA ALQUILER FINCAS URBANAS

    FIANZA ALQUILER FINCAS URBANAS

    7 de Enero de 2015

    Es obligatorio depositar en la JCyL un mes de fianza para los casos de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a vivienda y, dos meses, para el caso de alquiler de fincas urbanas destinadas a uso distinto del de vivienda.